Este lunes hay Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para definir qué hacer ante la posible sanción económica del Ministerio del Trabajo por negarse a tener una negociación con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) durante cuatro años.
La Dimayor no se ha reconocido como un interlocutor válido de la agremiación de jugadores porque son los clubes, de forma particular, quienes emplean a los futbolistas. Pero el sindicato alega que hay cosas que no se pueden negociar de forma específica con cada equipo sino con la entidad que los asocia.
En esa discusión, Mintrabajo le dio la razón a Acolfutpro y coaccionó a la entidad rectora del fútbol profesional para que negocie un pliego de peticiones hecho por el sindicato de jugadores.
La Dimayor funciona como una democracia entre los 36 clubes afiliados. Por lo tanto, el presidente de la entidad no puede iniciar negociaciones por voluntad propia, sino a partir de las decisiones de la Asamblea, en la cual intervienen todos los socios.
En una entrevista con Gabriel Meluk, editor de deportes de El Tiempo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, expresó respeto por las decisiones del Ministerio, pero advirtió dificultades en la relación con la agremiación de futbolistas.
El dirigente dice compartir la búsqueda de mejores condiciones laborales para los jugadores, pero critica que esa buena voluntad «se mezcló con intereses económicos» de quienes administran el sindicato. Por lo tanto, «los clubes no ven con buenos ojos esa mezcla que ha contaminado la relación con Acolfutpro», asegura.
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La mayor muestra de esos intereses, según la Dimayor, es que en el pliego de peticiones hay dos solicitudes que los clubes y la F.C.F. consideran injustificadas. Una es la realización de un partido anual de la Selección Colombia masculina de mayores en el cual las ganancias se le den a la agremiación de futbolistas. La otra es que Acolfutpro tenga parte en la distribución de la venta de los derechos de transmisión por televisión.
Pero la amenaza de una sanción por parte de Mintrabajo es real, y en caso de ejecutarse dicho castigo las multas serían de cinco a diez millones de pesos diarios por cada día de retraso en iniciar las negociaciones con el sindicato de jugadores.
Si la institucionalidad del fútbol profesional quiere evitar esa pérdida, debe negociar. En la Asamblea de la Dimayor se define si los clubes están dispuestos a hacerlo, con qué representantes, de qué manera, en cuáles peticiones ceder -y hasta qué punto- y en cuáles no, etcétera.