Tres dirigentes de la entidad rectora del fútbol colombiano, el presidente Ramón Jesurún, el vicepresidente Álvaro González y el asesor jurídico Andrés Tamayo, instauraron una demanda conjunta ante el organismo judicial para tumbar el fallo impuesto por la Superintendencia. Pero el Tribunal le dio la razón a la SIC, asegurando que los dirigentes de la FCF sí incurrieron en los actos por los que fueron acusados.
Por un lado, la Justicia determinó que cuando la Federación organizó una licitación para escoger a la comercializadora de las boletas ya había acordado previamente los términos con uno de los oferentes para adjudicarle el negocio. Eso incluyó un adelanto de diez mil millones de pesos.
Por otra parte, los dirigentes de la Federación no hicieron nada para impedir que la empresa TicketShop, que finalmente se quedó con el contrato, revendiera boletas.
Según la justicia, la operadora engañaba al público haciendo creer que salían a la venta más tiquetes de los que realmente circulaban en sus canales digitales. Se reservaban de forma clandestina muchas entradas y, aprovechando la alta demanda, las revendían a precios exorbitantes, que superaban en un 350 por ciento el valor original.
En el fallo del Tribunal se consigna que los tres demandantes «participaron y colaboraron activamente en el favorecimiento del contrato adjudicado a Ticket shop” y que “nunca ejercieron control o réplica sobre la situación que giró en torno a la reventa masivas de boletas”.
Específicamente con respecto a Jesurún, a quien masivamente le piden la renuncia, el dictamen judicial estable que «como se demostró, hacía parte del grupo que dirigió el esquema colusorio en el presente caso».
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