Habría prácticas anticompetitivas en el FPC
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció públicamente que, mediante la Resolución 56062 de 2023, formuló cargos contra la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y 29 clubes por presunta cartelización en la Liga Femenina Profesional desde 2017.
Cada una de las instituciones investigadas que sean halladas culpables podría recibir una multa hasta de 116 mil millones de pesos. La sanción para las personas naturales sería por un monto máximo de 2.320 millones.
Los implicados «habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica», según la entidad gubernamental. Las leyes establecen que cada empresa debe manejar su negocio de forma independiente a sus competidores y buscando que su actividad sea rentable.
En ese orden de ideas, la cartelización a la que se refiere la SIC consiste en la conspiración de las entidades y los dirigentes involucrados para establecer parámetros que, por un lado, sean comunes en el funcionamiento de todos los clubes con participación en la Liga Femenina, y por otra parte, obstaculicen «la promoción y el desarrollo del fútbol profesional femenino en el país».
Puedes leer: Mintrabajo formularía cargos contra la Dimayor.
Son cuatro las presuntas cuatro prácticas anticompetitivas que estudia la SIC en este caso. La primera es la estandarización de «cláusulas fundamentales en los contratos laborales para la vinculación de las jugadoras». Los clubes y la Dimayor se habrían puesto de acuerdo para fijar la duración de los vínculos contractuales con las jugadores de todos los equipos y para imponer de cláusulas similares sobre la explotación de la imagen de las futbolistas en asuntos publicitarios.
En segundo lugar, los clubes, la Dimayor y la F.C.F. «habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración», que oscilaba entre el sueldo mínimo y un tope de 4,5 millones de pesos mensuales.
La tercera práctica anticompetitiva sería negarse a recibir un aporte económico que el Gobierno Nacional quiere dar a través del Ministerio del Deporte para financiar la Liga Femenina Profesional. Esto sería en un contexto en el cual las entidades del fútbol profesional alegan que para potenciar la Liga Profesional hacen falta más recursos económicos. «De conformidad con las pruebas recaudadas», detrás de esta negativa estaría el rechazo a la inspección que ejercerían los entes de control.
La última mala práctica, según la SIC, es la firma del contrato de los derechos de transmisión por televisión con Win Sports en los términos pactados. Este canal solo emite un partido de la Liga Femenina por fecha, mientras que transmite todos los del campeonato liguero masculino. Esto atentaría contra la promoción del fútbol de mujeres.
En caso de haber una sanción, sería la segunda de la SIC a la dirigencia del fútbol federado en Colombiano. La primera fue por el manejo de la boletería.
Estos son los investigados
