Habría multas de 5 a 10 millones de pesos diarios
El Ministerio del Trabajo anunció que hace una semana expidió un auto notificando el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio tanto a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) como a la Federación Colombiana de Fútbol (F.C.F.).
Esto se debe a «la presunta vulneración del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto han sostenido una negativa a negociar el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), desde hace cuatro años», dice el comunicado de Ministerio.
El conflicto entre las dos entidades más importantes del fútbol colombiano y la agremiación de jugadores inició en septiembre de 2019. Acolfutpro emitió unas solicitudes en beneficio de sus asociados y la Dimayor y la F.C.F. se han negado repetitivamente a discutirlas.
Lo que argumentan la Federación y la División Profesional es que estas instituciones no son las que contratan a los futbolistas, y, por lo tanto, no reconocen a Acolfutpro como un interlocutor válido. Expresan que el sindicato debe tener negociaciones particulares con cada uno de los 36 clubes profesionales que integran la Dimayor.
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Pero la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio asegura que, si bien es cierto que la Dimayor y la F.C.F. «no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales» y que, por esta razón «tendrían la obligación de iniciar las negociaciones”.
Un buen ejemplo de esto son las vacaciones. En teoría, eso lo acuerdan los futbolistas con sus respectivos clubes, que son sus empleadores, pero en la práctica el periodo vacacional está sujeto al calendario de competiciones establecido por la División Mayor del Fútbol Colombiano.
«La formulación de cargos implicaría la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con multas que podrían ir desde 5 hasta 10 millones de pesos diarios, por cada día de mora, en el inicio de las conversaciones del pliego de peticiones», advirtió Mintrabajo.
